Los cambios de administración en todos los ordenes, no por esperados dejaron de alarmar a los protagonistas en sus respectivas y acotadas gestiones. Es que si bien se han renovado –aunque poco- los aires, los gobernantes precedentes marcaron huellas que alertan a los tiempos porvenir. Sumado a esto, a poco menos de un mes de gestión en los diferentes cargos ejecutivos, los actores ya comenzaron a tomar medidas que en muchos casos no cayeron para nada bien en la sociedad. Veamos.

Analizando los casos más salientes, podríamos decir que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene la autoridad moral para reconocer los errores de la gestión de su marido, el ahora ex presidente, Néstor Carlos Kirchner. En este sentido, se presume en la figura presidencial una difícil tarea, ya que debe acarrear con las falencias de su antecesor sin poder cristalizarlas. Entre las medidas más salientes tomadas por la actual jefa del Estado, aparecen el plan de ahorro energético, y el aval de la ley de emergencia económica que había intentado promulgar el santacruceño poco antes del término de su mandato. En ambos casos, el discurso presidencial resulta contradictorio en relación con los hechos, teniendo en cuenta que se dijo que no había crisis energética, y que el país había crecido a un ritmo de 9% anual, con un significativo superávit fiscal. Entonces, ¿por qué se dice que no existe crisis energética y elaboran un plan de ahorro, que incluye cortes de luz y agua sin su debida explicación? ¿por qué hay una ley de emergencia económica cuando, se supone, el país está en alza sostenida y se proclaman crecimientos aún mayores para 2008?.

En el caso del Jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el importante endeudamiento con el que recibió la Ciudad de manos de la gestión Aníbal Ibarra- Jorge Telerman, advierte una gestión de difícil desempeño, sumado a la “tensa” relación con el oficialismo que tuvo lugar en la antesala de la contienda política entre el líder del PRO y el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, quien contó con el expreso apoyo de la Casa Rosada. Sin embargo, más allá o más acá de la puja por espacios de poder que se dio frecuentemente entre estos, la sensación final –antes de las elecciones presidenciales- fue que existió un acuerdo implícito entre el Jefe comunal y la Casa Rosada. Prueba de ello es la no candidatura del PRO, al menos a través de alguna alianza, por más que se mencione el apoyo al jefe de Recrear, Ricardo López Murphy.

Ya instalado en la jefatura de gobierno, Macri anunció la medida en la suba del ABL, que ya empezó a regir desde enero, y que comprende incrementos de un 25% hasta un 300%, según la zona.

A su vez, se instaló el conflicto con los empleados municipales, a partir del despido de unas dos mil personas acusadas de cobrar un sueldo sin ejercer la fuerza de trabajo correspondiente, además de la intervención de la administración entrante en las obras sociales de los empleados. Obviamente, estas medidas –para nada populistas- cayeron mal en los gremios, a pesar de contar con la adhesión de los porteños en su gran mayoría. Finalmente, quien gane esta pulseada, en la que intervino el líder de la CGT, Hugo Moyano, contará con el respaldo al menos temporal- de la primera victoria, lo que seguramente marcará el escenario de la Ciudad, delimitando su territorio de poder.

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, arrastra un importante déficit que dejó la gestión de Felipe Solá, además de asumir, de antemano, sin una de las piezas clave en su estructura, como lo era Martín Ferré, quien no reunió el quórum necesario para ser ubicado como titular de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en la coyuntura, carga con el paro en el Registro de la Propiedad, que recientemente, luego de cuarenta días, comenzó a normalizarse. Sumado a eso, la polémica toma del ministerio de Desarrollo Social, en La Plata, que estuvo a cargo de un grupo de piqueteros adherentes a Néstor Kirchner, causó estragos en la imagen mediática del ex vicepresidente de la Nación.

Es cierto, también, que no fueron sólo pálidas. En tal sentido, logró crear la Agencia de Recaudación que fue aprobada en ambas cámaras y suspendió el cobro del impuesto adicional inmobiliario y de automotores, por 60 días, que incluye a los contribuyentes que tienen un patrimonio superior a medio millón de pesos.

En conclusión, la tendencia de este breve período en la Provincia avizora a un Scioli caminado en puntas de pie, sobre la cornisa, en la ambigüedad de haber llegado de la mano del gobierno de turno, pero sin su lógica, a pesar de haberse acoplado circunstancialmente al discurso presidencial. La sensación de desconfianza parece ser mutua, tanto desde Balcarce 50 hacia Scioli, como al revés.

Por Andrés Olivera

Desde el principio la instalación de la pastera Botnia, en Fray Bentos, generó una gran polémica entre Argentina y Uruguay, pero lo más importante es que enfrentó a los pueblos de ambos países, principalmente al de Gualeguaychu con el país vecino.

Los asambleístas argentinos insisten en la relocalizar de la planta de celulosa, ya que según ellos contaminara el río y alterara gravemente la calidad de vida del pueblo entrerriano.

Cruzando el cuestionado río, el Gobierno uruguayo defiende su posición y afirma que la pastera no contaminara ni afectara la vida de las personas.

El problema no se pudo resolver entre los países, y se decidió presentar el conflicto ante el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la corte Internacional de Justicia en la Haya, ubicada en los países bajos. Ahí Argentina denunció al país charrua de violar el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1973, que entre sus artículos menciona la consulta entre ellos ante cualquier acción que involucre al Río.

Los asambleístas en Entre Ríos, con su lema “Si a la vida, no a las papeleras”, se manifiestan, desde el principio del conflicto, con marchas que son cada vez más concurridas, cortando las rutas que conducen a Uruguay.

Por otro lado, en el país vecino este tema no parece causar mayor revuelo, exceptuando a la izquierda uruguaya y a algunas asambleas que mostraron signos de repudio hacia la pastera, ya que sus habitantes no mostraron su disconformidad con la instalación de la planta de celulosa.

Durante más de tres años, organizaciones ambientalistas de Argentina y algunas de Uruguay advirtieron sobre los impactos negativos generando un fuerte movimiento de oposición a la planta, especialmente en la Provincia de Entre Ríos. Durante ese tiempo, los gobiernos de ambos países prefirieron apostar a que la polémica se diluyera, bajara su intensidad y apostaron a que la gente cediera en su movilización.

La polémica en torno al proyecto de instalación de la planta de pasta de papel, en los márgenes del Río Uruguay, ha generado una disputa diplomática sin precedentes. El gobierno de Uruguay ha ratificado su voluntad de seguir adelante con el proyecto mientras que el gobierno argentino, manifestando su preocupación por los impactos que podría generar el proyecto, quiere que dicha planta sea sometida a la evaluación conjunta de ambos países.

Por Santiago García Cancio