La legislatura de Río Negro sancionó que reconoce el derecho de los pacientes terminales a negarse a recibir tratamientos médicos que consideren desproporcionados respecto a su expectativa de mejora.
La ley fue apoyada por la mayoría de los diputados, que responden al radicalismo, y entrará en vigencia cuando el gobierno provincial la reglamente.
En julio, esta iniciativa presentada por la legisladora radical, Marta Milesi, había sido aprobada en primera vuelta y ahora se ratificó en el segundo debate.
Establece que “toda persona que padezca una enfermedad irreversible en estado terminal tiene derecho a manifestar su rechazo a los procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando éstos sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento".
Asimismo, garantiza “que no se interrumpan las medidas tendientes al control y alivio de ese dolor en los últimos instantes de vida", conocidas como cuidados paliativos.
La diputada Milesi, de Concertación Ciudadana, había presentado proyectos similares en el Congreso nacional, donde ocupó una banca años atrás. Sin embargo, ni su iniciativa ni otra veintena recibieron tratamiento.
Cuando el proyecto fue presentado en la Legislatura rionegrina, generó fuertes debates entre los diputados. Algunos la consideraron un paso “progresista" en el reconocimiento de los derechos de cada persona sobre su cuerpo y otros opinaron que se trata de una puerta abierta a la eutanasia.
En rigor, se trata de un tema polémico desde el punto de vista ético, y desde el jurídico la normativa provincial podría llegar a ser cuestionada, ya que roza lo establecido en el artículo 83 del Código Penal de la Nación, que estipula que será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien ayude a otra persona a cometer suicidio.
No obstante, la ley sancionada en Río Negro protege a los médicos que cumplan con lo ordenado. El texto prevé que “ningún profesional que haya obrado de acuerdo con disposiciones de esta norma estará sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa".
