El Sistema Previsional se encuentra en una etapa de transición: tanto las recientes modificaciones de la ley 24.241 –sancionada desde un principio, en 1994, con la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)-, como los once aumentos a los jubilados registrados en la gestión del Presidente Néstor Kirchner, y pasando por la autoritaria decisión del Ejecutivo de obligar a las AFJP a repatriar los fondos invertidos en la bolsa de Brasil -unos $ 8.000 millones-, dan como resultado un cóctel de medidas meramente efectistas -en el caso de los aumentos jubilatorios en época de elecciones- y totalitarias -en cuanto a la repatriación de las acciones- que nada contribuyen al bienestar de los futuros jubilados.
Las razones quizá puedan atribuirse a la “no integración real” entre ambos sistemas: el de Reparto, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y el de Capitalización, manejado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Es probable que esa falta de conexión y solidaridad fáctica entre ambos regímenes esté determinada bajo la doctrina impulsada por el gobierno, que aplicó, desde su asunción al poder y hasta hoy, la misma línea de confrontación que trasladó a todos los ordenes, incluido el Sistema Previsional.
El Estado, que debería ser testigo pasivo del sistema mixto y regular sólo en situaciones excepcionales, en caso de fallar el organismo de control de las administradoras, la Superintendencia de AFJP, o la propia ANSeS, aparece como actuante protagonista en las decisiones de ambos regímenes, sin respetar ni la autonomía y ni los límites que las propias leyes les otorgan y apelando al “diseño” que más le convenga.
No se pueden explicar de otra manera las medidas tomadas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, instó a los afiliados de las AFJP a “volver a elegir” ya sea por permanecer en las administradoras o bien por migrar al régimen público en un plazo de 90 días, cambiando el destino final de los denominados “indecisos”: durante más de doce años de convivencia entre un régimen y otro, quienes no optaban ni por un régimen ni por otro, quedaban asignados al sistema de Capitalización. Hoy, en cambio, pasan de forma automática a Reparto, salvo que expresen lo contrario dentro del plazo establecido.
Esto constituyó una maniobra política que tuvo por fin sustraerle un amplio caudal de afiliados al sistema de Capitalización, y así conseguir fondos de financiación para el Estado. Así, se afectó a los indecisos -mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 que no habían acumulado en su Cuenta de Capitalización Individual (CCI) más de $ 20.000-, que pasaron al régimen Previsional Público por no hacer uso de su opción, y a los docentes, investigadores científicos, diplomáticos y jueces, quienes se vieron comprendidos en los denominados “regímenes especiales” y que no tuvieron posibilidad de elección, ya que fueron traspasados de forma arbitraria.
Los ecos de las medidas ya mencionadas auguran un escenario que podría complicar a los futuros jubilados, sobre todo a aquellos que están en Reparto, ya que hay quienes creen que existen riesgos de que a mediano y largo plazo el Estado no tenga la solvencia necesaria para afrontar todos sus pasivos. En esta línea, bien podría decirse que el objetivo de la última reforma es básicamente fiscal, con una solución de corto plazo, para hacer frente al costo de la moratoria y el alza de las jubilaciones, que oculta el déficit a futuro.
Asimismo, un tema que inquieta y compete a los afiliados de ambos regímenes es la adquisición de títulos públicos, bonos, y letras del Tesoro que constituyen gran parte de las acciones totales del sistema mixto, y que por estos días tienen rendimientos inferiores a la inflación oficial. Como consecuencia de esto, se prevé una avalancha de juicios al Estado por parte de las AFJP, ya que el 60% de su cartera accionaria esta compuesta por bonos que se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y que, según dicen, pierden valor a partir de “la mentira inflacionaria” que publica el organismo estatal. Como contrapartida, el gobierno acusa a los tenedores de títulos, entre ellos a banqueros y AFJPs, de querer obtener más beneficios, a lo que el flamante ex Presidente disparó que “quieren poner en duda la credibilidad de los datos que difunde el INDEC”.
Según datos de la ANSeS, fueron alrededor de un millón y medio de personas las que pasaron de Capitalización a Reparto, lo que abarca un total de $ 7.480 millones acumulados en sus cuentas de ahorro individual. Entre las razones que justifican la significativa cantidad de traspasos, aparecen, por un lado, una importante cantidad de gente desinformada que no hizo uso de su opción, y por el otro, aquellos que no tuvieron otra alternativa más que migrar al Estado.
Todo lo hasta aquí descripto no debería plantearse como una lucha de poder ni de intereses entre el Estado y el sistema privado, sino como dos opciones que procuren brindar una mayor protección y beneficios para los futuros jubilados, siempre en vistas a los términos de integración, cualquiera sea el régimen que se elija.
Por Andrés Olivera
